Los demócratas de la Cámara de Representantes de Delaware respaldan un proyecto de ley para prohibir los arrestos civiles de ICE en los tribunales; otra medida prohibiría el apoyo estatal a las prisiones privadas.

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Los legisladores de Delaware podrían votar pronto sobre una legislación que limite los centros de detención privados en el estado.

La representante estatal Mara Gorman, demócrata de Newark, promotora del proyecto de ley, impulsa dos medidas destinadas a limitar la aplicación de las leyes de inmigración en el estado. La primera ley, aprobada por la Cámara de Representantes antes del receso de Semana Santa, prohibiría los arrestos civiles en juzgados u oficinas del Departamento de Trabajo de Delaware donde se celebran audiencias de compensación laboral.

El proyecto de ley define “arresto civil” como la detención de una persona ajena a la aplicación de la ley penal o sin una orden judicial que autorice su detención.

Gorman afirmó desconocer cualquier arresto realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en juzgados del estado, y desea que siga siendo así.

“Lo que hemos visto en todo el país es que agentes del ICE detienen a personas a las afueras de los juzgados, a veces cuando se dirigen a declarar como testigos, a veces cuando acuden a una audiencia de custodia o a solicitar una orden de protección contra una pareja abusiva”, declaró Gorman. Cuando esto sucede, no solo afecta a la persona arrestada. Envía un mensaje a toda la comunidad de donde proviene: no se presenten ante el tribunal, no testifiquen, no busquen la protección que les ofrece la ley. Esto representa una amenaza para la justicia misma.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes estatal con 25 votos a favor y 13 en contra, y ahora pasa al Senado.

El proyecto de ley busca restringir a los operadores de prisiones privadas en Delaware.

Durante décadas, las directrices del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. prohibieron las acciones de control migratorio en ciertas áreas protegidas, como escuelas, iglesias y hospitales. El expresidente Joe Biden amplió esta política, restringiendo las actividades del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dentro o cerca de un juzgado. El presidente Donald Trump revocó la directriz sobre áreas sensibles al retomar el cargo en enero de 2025.

Un análisis de WHYY News de datos gubernamentales procesados ​​por el Proyecto de Datos de Deportación a partir de solicitudes de acceso a la información pública muestra que aproximadamente 689 personas fueron arrestadas por agentes del ICE en Delaware en 2025, en comparación con 220 en 2024. La mayoría de las detenciones se realizaron en la calle, y una minoría en centros penitenciarios estatales u oficinas de libertad condicional. El proyecto, dirigido por un equipo de académicos y abogados comprometidos con la transparencia en los datos de control migratorio, expresó su preocupación por las limitaciones de algunos de los datos.

Se modificó el proyecto de ley de detención antes de la votación en el pleno

Estados como Delaware cuentan con herramientas limitadas para impedir que contratistas de prisiones privadas colaboren con funcionarios federales de inmigración para operar centros de detención de inmigrantes. Los tribunales han dictaminado que los estados no pueden prohibir los centros de detención privados federales. Una ley de Nueva Jersey que prohibía las prisiones privadas federales en el estado fue anulada, al igual que una ley de California.

El DHS había estado trabajando para convertir almacenes en estados de todo el país en centros de detención para el control migratorio.

El llamado “gran proyecto de ley integral” que los republicanos del Congreso aprobaron el verano pasado asignó $45 mil millones para que el ICE expandiera su sistema de detención de inmigrantes. Sin embargo, según informes, un reciente intento del DHS de comprar almacenes se ha suspendido tras la fuerte oposición de las comunidades locales.

Según los registros de propiedad, el ICE compró un almacén en Pensilvania por $87 millones en el condado de Berks en febrero de 2025 y también opera seis centros penitenciarios del ICE en Nueva Jersey, incluyendo uno inaugurado en mayo pasado.

El proyecto de ley original de Gorman, presentado el año pasado, prohibía a cualquier persona operar un centro de detención privado en Delaware. Pero cambió de enfoque tras los fallos judiciales.

Katherine Bowman, asistente legislativa de Gorman, afirmó que la nueva redacción del proyecto de ley sustituto se basa en la ley de Illinois. En lugar de prohibir directamente a los operadores privados, regula al estado y sus subdivisiones prohibiendo los contratos, la financiación y los recursos estatales que apoyan los centros de detención privados.

“Reconocemos que este cambio no logra nuestro objetivo original de evitar la detención privada federal en el estado en el futuro”, dijo Bowman en un comunicado enviado por correo electrónico. “Si bien las herramientas legales disponibles para los estados son limitadas, este proyecto de ley aún cumple una función importante. Al eliminar al estado como participante, envía una señal clara a los desarrolladores privados de que el estado se opone a la detención privada y, en la práctica, ese tipo de oposición pública ha demostrado ser una de las más efectivas para que las comunidades locales han tenido para disuadir la instalación de estas instalaciones”.

Se espera otro borrador del proyecto de ley

Gorman declaró que planea presentar otro borrador de su proyecto de ley sobre centros de detención privados con el fin de aclarar el resumen del mismo. Se espera que esta segunda versión sustituta elimine la línea de la sinopsis que afirma que el proyecto de ley no prohíbe el funcionamiento de centros de detención privados en Delaware.

“Creo que eso resultaba confuso”, comentó. “Por lo tanto, en el proyecto de ley sustituto, la sinopsis será diferente; sin embargo, el cuerpo del proyecto de ley permanecerá inalterado, lo cual significa que no utilizaremos recursos estatales para centros de detención privados”.

Proyectos de ley relacionados con ICE para añadir a las leyes promulgadas por Delaware el año pasado

El gobernador Matt Meyer firmó en julio cuatro instrumentos legislativos destinados a reforzar la seguridad pública.

• El Proyecto de Ley de la Cámara 182 prohíbe a las agencias del orden público celebrar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) para hacer cumplir las leyes de inmigración o compartir datos relacionados con las mismas. Esta legislación fue redactada después de que la reacción adversa de la comunidad obligara al Departamento de Policía de Camden —ubicado en el centro de Delaware— a rescindir, a principios de este año, su acuerdo 287(g) para cooperar con ICE y ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración.
• El Proyecto de Ley de la Cámara 152 tipifica como delito la suplantación de identidad de un agente federal. La fiscal general Kathy Jennings informó que las autoridades policiales estatales continúan investigando el reciente robo a mano armada ocurrido en Milford, donde dos hombres enmascarados —que vestían chalecos con distintivos de ICE y conducían un vehículo con luces intermitentes— detuvieron a otro vehículo, robaron el dinero de la víctima y le propinaron un puñetazo en el rostro antes de darse a la fuga.
• El Proyecto de Ley de la Cámara 153 prohíbe los arrestos ciudadanos, mientras que el Proyecto de Ley de la Cámara 142 elimina la facultad de un particular para detener a una persona acusada de un delito grave en otro estado sin contar con una orden judicial.

Los legisladores estatales de Delaware reanudarán sus sesiones el martes.