Un muro de protección: legisladores de Delaware buscan proteger a familias inmigrantes del escrutinio federal

María José Nolasco Ramírez lleva 14 años viviendo una vida cotidiana y tranquila en Delaware junto a sus hijos, con un miedo creciente a conducir.

Para inmigrantes indocumentados como Nolasco Ramírez, conducir sin licencia a menudo no es una opción, sino una necesidad. En muchas partes de Delaware, especialmente en zonas rurales y suburbanas, el transporte público es limitado o inexistente. Los padres aún necesitan llevar a sus hijos a la escuela, ir al trabajo o asistir a citas médicas. Durante años, ella corrió ese riesgo a diario.

Nolasco Ramírez llegó a Estados Unidos desde Guatemala tras huir del abuso y buscar seguridad.

Recorrió el desierto decidida a encontrar paz y oportunidades para ella y sus hijos estadounidenses. Pero en Delaware, como muchos inmigrantes indocumentados, su situación legal limitó casi todos los aspectos de su vida: empleo, atención médica, propiedad de vivienda y transporte.

“Con todo eso que se escucha de migración, tienes miedo de salir… Más que todo tengo tres hijos … tal vez por un tiempo estén solos. Pero el país de ellos es aquí. Entonces, las oportunidades de ellos están aquí, y para que ellos tengan esas oportunidades, necesitan un apoyo”, dijo.

Su ansiedad la seguía a todas partes, alarmándose cada vez que veía luces intermitentes. En 2015, Delaware introdujo la Tarjeta de Privilegio de Conducir, una licencia de conducir de uso limitado para inmigrantes indocumentados.

“Antes de que dieran esta licencia para nosotros las personas sin documentos, era bien difícil porque yo tenía ticket tras ticket tras ticket, por no tener licencia”, dijo. “Estuve en riesgo de terminar presa”.

Cuando finalmente obtuvo su tarjeta, todo cambió.

“Yo me puse con mucho empeño a estudiar, estudiar, estudiar para aprender el examen porque (yo) no tenía mucha idea de todas las reglas de aquí. Cuando yo fui y pasé el examen, fue el día más feliz de mi vida … lloré como una niña chiquita”, dijo. “(Lo que) pasa por tu mente (son) todos esos años que estuviste manejando con miedo … que siempre que te paraba el policía te disgustabas más. Eran momentos que pensabas que si valía la pena estar aquí”.

Nuevas protecciones para una comunidad vulnerable

A pesar del alivio, el miedo persiste. Nolasco Ramírez y muchos otros temen que las autoridades federales de inmigración puedan acceder a la información personal que presentaron ante la División de Vehículos a Motor de Delaware, como su dirección, huellas dactilares o nombre legal completo.

“Sé que el gobierno tiene acceso a todo eso … hay mucha gente que por miedo no quiere tenerla”, añadió sobre la licencia. “Mi ex–marido llegó a la casa y (oficiales de inmigración)  lo arrestaron como a un criminal, como a un animal … mis hijas presenciaron cuando inmigración se llevó a su papá. No quiero que ellas pasen por la misma experiencia.”

Ese temor está impulsando el apoyo a un nuevo paquete legislativo en Delaware destinado a fortalecer la protección de la privacidad de los residentes indocumentados. Entre ellos se encuentra el Proyecto de Ley 60 de la Cámara de Representantes, que restringiría que las agencias policiales y estatales compartan datos del DMV con las autoridades federales de inmigración, a menos que exista una orden judicial o la aprobación explícita del fiscal general.

“Este proyecto de ley busca proteger la privacidad de todas las personas indocumentadas con permiso de conducir”, declaró el representante del tercer distrito de Wilmington, Josué Ortega. “Restringe la divulgación de su información personal y solo permite su divulgación con una orden judicial válida o la aprobación de la fiscalía general de Delaware”.

El paquete legislativo también incluye el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 58, que prohibiría a las fuerzas del orden arrestar, detener o prolongar la detención de personas basándose en su estatus migratorio real o presunto, órdenes de arresto migratorio o infracciones federales de inmigración. Los legisladores también podrían considerar el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 95, que impediría que las escuelas y agencias educativas divulguen información sobre estudiantes o familias a las autoridades federales de inmigración, salvo que la ley lo exija.

Los partidarios argumentan que estas protecciones son esenciales para evitar que los agentes federales utilicen datos estatales para rastrear y deportar a residentes indocumentados, especialmente a aquellos que se han presentado para cumplir con las leyes estatales.

“Estamos tratando de cubrir estas necesidades para que los federales puedan reaccionar a largo plazo y luego a corto plazo, básicamente”, explicó Ortega. “Porque no quiero que ningún elector sufra: ni una madre, ni un padre, ni una familia”.

Una misión personal y política

El paquete legislativo fue propuesto originalmente por el representante estatal Sean Lynn. Ortega, el único latino en la Cámara de Representantes de Delaware, se unió de inmediato como co–patrocinador. Afirmó que la legislación refleja tanto sus raíces como sus responsabilidades.

“Yo pienso que nosotros también nos merecemos los derechos que tiene todo el mundo”, dijo Ortega. “Por eso estoy aquí peleando y seguiré peleando siempre.”

“Cuando (el representante Lynn) me dijo: ‘Quiero un paquete para las personas indocumentadas’, respondí: ‘Por supuesto’”, dijo Ortega. “Sentí la necesidad de ser parte de esto siendo latino, y defender a la comunidad latina”.

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 58, que aún se encuentra en revisión, tiene como objetivo prohibir la cooperación con las órdenes de detención de inmigrantes civiles, es decir, solicitudes de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que no son órdenes judiciales penales.

“Esto es simplemente… que no se permite el interrogatorio ni la detención de ninguna persona basándose en su ciudadanía o estatus migratorio, real o sospechoso”, dijo Ortega. “Hay un par de cosas que probablemente tengamos que ajustar. Aún no ha sido aprobado por el comité”.

Si se aprobase, Delaware se uniría a una lista creciente de estados que buscan trazar líneas claras entre la policía local y la aplicación de las leyes migratorias federales.

El tercer proyecto de ley, el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 95, apunta a las instituciones educativas, impidiendo que los distritos compartan información sobre los estudiantes y sus familias con agentes federales, reflejando las protecciones propuestas para el DMV.

“El sistema educativo simplemente impide que los agentes federales puedan ir a las escuelas y obtener información, al igual que el DMV”, dijo. “No se puede acceder a información de los padres ni saber a qué escuela asiste el niño para que puedan realizar su investigación a través de eso”.

El proyecto de ley forma parte de una iniciativa más amplia para garantizar que los estudiantes inmigrantes y sus familias se sientan seguros al acceder a la educación. En febrero, el estado emitió una guía a través del Departamento de Educación que ofrece recursos a los distritos escolares y a las familias sobre los derechos de los estudiantes inmigrantes, incluyendo un modelo de política que reafirma el compromiso de proteger a todos los estudiantes.

La labor legislativa de Ortega va más allá de la política migratoria. También tiene en desarrollo otro proyecto de ley que exigiría que todos los sitios web y servicios del gobierno estatal sean accesibles en varios idiomas, una medida que busca aumentar la transparencia y el acceso para la población inmigrante de Delaware.

Dado que los inmigrantes y la comunidad latina constituyen una gran parte de la población de Delaware, Ortega dijo que cree en el poder de la unidad y en la necesidad de visibilidad.

“Quiero que la comunidad latina sepa que juntos somos más fuertes y creo que donde una o más personas se unen, ahí está la fuerza. Todo se trata de trabajar juntos”, dijo Ortega.

Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.