Una controvertida legislación que otorga más derechos a las personas sin hogar en Delaware suscita la oposición de negocios y gobiernos locales.

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Legislación que otorgaría más derechos a la población sin hogar de Delaware suscitó un acalorado debate durante una audiencia de un comité de la Cámara de Representantes celebrada el martes.

El proyecto de ley, patrocinado por la representante estatal Sophie Phillips, D–Bear, ampliaría los derechos y las protecciones de las personas sin hogar al utilizar espacios públicos, para cosas tales como dormir o sentarse al aire libre. Algunos gobiernos locales manifestaron su oposición a la legislación, argumentando que esta podría exponerlos a posibles demandas judiciales.

“La financiación federal, estatal y privada destinada a los servicios para personas sin hogar está fragmentada y resulta de difícil acceso para los proveedores de servicios”, afirmó Phillips durante la audiencia. “En lugar de abordar esta situación, estamos recurriendo a los arrestos y las multas. el proyecto HB 135 no permitirá arrestos ni multas simplemente por el hecho de no tener un hogar; específicamente, si dichas personas no tienen ningún otro lugar a donde ir”.

El Recuento Puntual de 2025 (“2025 Point in Count”) de “Housing Alliance of Delaware”, que abarca tanto a personas alojadas en refugios como a aquellas que no lo están, reveló que 1,585 personas se encuentran viviendo en la calle en el estado, lo que representa un aumento del 16% con respecto al año anterior. Los niños constituyeron el 27% de la población sin hogar del estado.

Derechos clave de la propuesta

• Permitiría a las personas que experimentan la falta de vivienda realizar en público “actividades esenciales para la subsistencia”, tales como descansar, permanecer de pie, dormir, comer y almacenar pertenencias personales, siempre y cuando no obstaculicen el tráfico o exista disponible y accesible un refugio interior alternativo.
• Las personas sin hogar gozarían de la misma protección legal contra registros e incautaciones irrazonables de sus pertenencias personales en espacios públicos que aquellas personas que almacenan sus bienes en espacios privados.
• Se prohibiría a las fuerzas del orden locales y a la policía estatal ordenar a las personas que muevan vehículos estacionados utilizados como refugio, a menos que estos obstaculicen el tráfico o representen un peligro para la seguridad. A los residentes sin hogar se les debe permitir primero mover sus vehículos antes de que los funcionarios puedan multarlos o remolcarlos.

Phillips declaró que presentará una enmienda para aclarar los requisitos relativos a los espacios interiores alternativos, revisar la definición de “espacio público” y precisar que los gobiernos pueden imponer restricciones de tiempo, lugar y modo en la propiedad pública, siempre que dichas restricciones no se apliquen de manera desproporcionada a las personas que experimentan la falta de vivienda.

La nota fiscal adjunta a la legislación indica que el costo del proyecto de ley es indeterminado y potencialmente significativo. Esto se debe a que la medida renuncia a la inmunidad soberana de los gobiernos estatales o locales frente a cualquier demanda por violación de derechos civiles que pudiera presentarse. La inmunidad soberana protege a las entidades gubernamentales de ser demandadas, pero puede ser levantada mediante legislación.

El representante estatal Jeffrey Spiegelman (R-Dover) afirmó que el proyecto de ley dificultaría la aplicación de las normas sobre infracciones de “calidad de vida” –tales como la vagancia y la mendicidad–, lo cual perjudicaría a las pequeñas empresas.

“Esto es un garrote. Es como si dijéramos: ‘Si no haces lo que decimos, podrías recibir el golpe de una demanda por violación de derechos civiles'”, señaló Spiegelman. “Esa es una situación muy, muy peligrosa, especialmente en un momento en el que a todos y cada uno de nosotros nos encantaría atraer a más empresas hacia los distritos en desarrollo del centro de la ciudad”.

Phillips argumentó que los funcionarios seguirán teniendo la facultad de hacer cumplir las leyes vigentes.

“La policía seguirá pudiendo aplicar el derecho penal, lo que incluye las infracciones por allanamiento de propiedad privada y la facultad de pedir a las personas que se retiren si están bloqueando calles, aceras o negocios”, afirmó. “La policía seguirá pudiendo mantener nuestros vecindarios a salvo de actividades delictivas, incluyndo las actividades relacionadas con drogas ilícitas y otros delitos”.

Becca Cotto, directora de participación comunitaria de YMCA de Delaware, instó a los miembros del comité a apoyar el proyecto de ley.

“Esta legislación reconoce esa verdad simple pero poderosa: la inestabilidad habitacional nunca debe ser respondida con castigo”, afirmó Cotto. “Criminalizar la supervivencia, dormir, descansar, protegerse o guardar las pertenencias solo profundiza el trauma y aleja aún más a las personas de la estabilidad”.

No está claro si el proyecto de ley obtendrá los votos suficientes para ser aprobado en el comité. Sin embargo, la cuestión de la falta de vivienda y la forma de combatirla sigue siendo un tema de gran actualidad en todo el estado.

Ciudades y localidades de todo Delaware luchan por hacer frente al creciente número de residentes sin hogar, a la escasez de plazas en los albergues y a la falta de vivienda asequible.

La ciudad de Wilmington ha permitido un campamento de personas sin hogar en un parque de su zona este, al tiempo que prohíbe pernoctar al aire libre en todas las demás áreas de la ciudad. La ciudad ha tenido dificultades para implementar normas estrictas para los ocupantes del parque, mientras afronta la oposición de activistas locales.

El Concejo Municipal de Dover denegó recientemente $47,000 a The People’s Church, un albergue para personas sin hogar situado en el centro de la ciudad, tras recibir quejas de la comunidad sobre las instalaciones.

Según el *Blueprint for Solving Homelessness* (Plan para la solución de la falta de vivienda) de 2025 del Delaware Continuum of Care, aproximadamente el 60% de las personas sin hogar de Delaware se encuentran en los albergues del condado de New Castle, en comparación con solo el 15% en el condado de Sussex, lo que refleja un desequilibrio geográfico en la capacidad de atención.

En el sur de Delaware, la falta de vivienda supera con creces la disponibilidad de servicios, lo que da lugar a una escasez de instalaciones para aquellas personas que necesitan albergue o que se ven obligadas a compartir vivienda en situaciones inestables.