Legisladores de Delaware impulsan una reforma del financiamiento escolar ante la presión de líderes de derechos civiles

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El proyecto de ley para iniciar reformas sobre la forma en que Delaware financia las escuelas públicas superó esta semana su primera comisión; sin embargo, líderes de derechos civiles afirman que están considerando demandar nuevamente al estado si no se logran pronto mayores avances para dotar de más recursos a los estudiantes desfavorecidos.

Si bien esta constituye la primera revisión importante de una fórmula de financiación escolar creada en la década de 1940, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Delaware envió una carta a los funcionarios estatales advirtiendo sobre posibles litigios debido a lo que describe como años de inacción.

Las escuelas públicas y chárter de Delaware atienden a 142,495 estudiantes. Casi el 60% de esa población es de bajos ingresos, tiene discapacidades o son estudiantes multilingües.

La ACLU de Delaware y otros defensores de la educación demandaron al estado en 2018, alegando que este estaba subfinanciando persistentemente a dichos grupos de estudiantes. Las partes llegaron a un acuerdo en 2020.

La carta aborda los perjuicios particulares que sufren los estudiantes multilingües, calificando la situación actual de “inaceptable e inconstitucional”.

Oluwatobi Omotoso, becario de Equidad Educativa de la ACLU de Delaware, afirmó que el grupo se centra en las presuntas violaciones constitucionales sufridas por los estudiantes multilingües, dado que esto proporciona un fundamento de igualdad de protección para presentar una demanda.

“(Para) los estudiantes que aprenden varios idiomas, es un problema realmente urgente”, afirmó Omotoso. “Hay estudiantes que no reciben educación y que superan la edad límite para formar parte del sistema de escuelas públicas de Delaware sin saber hablar inglés, sin haber aprendido matemáticas básicas, inglés, ciencias ni nada en absoluto”.

Los resultados de las pruebas nacionales de 2024 muestran que el rendimiento académico general de los estudiantes se mantuvo por debajo de los niveles prepandémicos y del promedio nacional. Sin embargo, ACLU de Delaware señaló en su carta que los resultados académicos de los estudiantes multilingües son significativamente peores que los del estudiante promedio, lo que refleja un “entorno de aprendizaje gravemente desfinanciado”.

Un informe de 2023, publicado como parte de un acuerdo judicial por los American Institutes of Research, encontraron que Delaware necesitaba destinar entre 600 millones y $1,000 millones adicionales a las escuelas públicas para lograr la equidad educativa para los estudiantes desfavorecidos.

Desde entonces, grupos de derechos civiles y de otra índole han observado cómo los líderes estatales lidiaban con las implicaciones políticas y logísticas de la acción legal iniciada hace más de media docena de años.

Sin embargo, la misiva de la ACLU dirigida al estado se queja de que se ha logrado poco desde que se publicó el informe AIR hace tres años.

“El estado no ha cumplido, ni siquiera remotamente, sus ambiciosos objetivos de mejorar el rendimiento educativo en las escuelas de Delaware”, señalaba la carta. “A pesar de los inquebrantables esfuerzos de los docentes, muchos jóvenes no reciben una educación eficaz debido a la falta de recursos”.

El Comité de Financiación de Educación Pública, liderado por la presidenta del Comité de Educación del Senado, la senadora estatal Laura Sturgeon, se ha estado reuniendo desde septiembre de 2024 y desarrolló el modelo de financiación híbrido para reemplazar el actual sistema basado en recursos.

En lugar de un modelo puramente basado en unidades, la fórmula híbrida constaría de financiación base, financiación de oportunidad y financiación operativa.

• La financiación base seguiría siendo una asignación basada en recursos destinada al personal y a las operaciones. Incorpora ponderaciones para los estudiantes de educación especial y de formación profesional.
• La Financiación de Oportunidades es una financiación ponderada por estudiante destinada a estudiantes de bajos ingresos y multilingües.
• La financiación operativa consistiría en una asignación de fondos ponderada por alumno, basada en el número de hogares de bajos ingresos, estudiantes multilingües, estudiantes de educación especial —o aquellos con planes de educación individualizados— y estudiantes de formación profesional.

El costo de preparación para la implementación en el año fiscal 2027 es de tan solo $2,8 millones. Sin embargo, es probable que el estado deba aportar hasta $200 millones en el año fiscal 2028 para llevar a cabo la primera fase.

Los fondos se utilizarían para mantener indemnes a todos los distritos escolares, protegiéndolos de sufrir pérdidas económicas en caso de tener una menor población de estudiantes desfavorecidos, mientras se implementa la nueva fórmula de financiación.

La segunda fase, correspondiente al año fiscal 2029, tendría como objetivo abordar la equiparación y considerar la asignación de ponderaciones para otros grupos de estudiantes, tales como los jóvenes bajo tutela estatal, los estudiantes superdotados y aquellos que experimentan inestabilidad habitacional. Asimismo, contemplaría la estratificación de las ponderaciones para las poblaciones estudiantiles con altas necesidades, incluidos los estudiantes multilingües, los estudiantes de bajos ingresos y aquellos que residen en zonas de pobreza concentrada.

Sin embargo, sigue sin estar claro si los partidarios de la fórmula de financiación reformada lograrán convencer a algunos legisladores escépticos de que añadan los cientos de millones de dólares que, según el informe de AIR, son necesarios.

Sturgeon dijo que los legisladores deben actuar ahora para implementar una fórmula escolar más equitativa.

“No podemos permitirnos esperar otros 80 años para modernizar la forma en que financiamos nuestras escuelas; por ello, la aprobación del Proyecto de Ley del Senado 302 —y, más tarde hoy, el (Proyecto de Ley del Senado) 303— garantiza que el progreso continúe y que, finalmente, ofrezcamos un sistema de financiación que satisfaga las necesidades de cada estudiante de Delaware”.

El senador estatal Dave Lawson (R-Marydel) expresó su preocupación de que sean los habitantes de Delaware quienes tengan que pagar la cuenta.

“No sé de dónde van a encontrar un millón de dólares, u otros mil millones, para financiar la educación en este estado, cuando (los contribuyentes) ya se han visto bastante golpeados, especialmente con las (reevaluaciones de la propiedad)”, dijo.

Sin embargo, Omotoso dijo que la financiación de salvaguarda ni siquiera aborda la cuestión de la adecuación en la financiación de la educación pública del estado.

“Además, no se trata de fondos que hayan sido comprometidos, a pesar de que ha habido conversaciones al respecto”, afirmó Omotoso. “Por lo tanto, no son fondos comprometidos para ningún distrito y, en caso de estarlo, no lo están para la cuestión que aborda la carta abierta: los estudiantes multilingües”.