La Corte Suprema de Delaware escucha argumentos sobre la constitucionalidad de una ley de armas con restricciones de edad

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La Corte Suprema de Delaware podría reactivar una ley de 2022 que requería a los residentes tener al menos 21 años para comprar un arma de fuego.

El Departamento de Justicia de Delaware apeló un fallo del Tribunal Superior estatal de septiembre de 2025, que anuló la ley por considerarla inconstitucional, alineándose con los defensores del derecho a portar armas.

El máximo tribunal del estado escuchó el miércoles los argumentos del Departamento de Justicia de Delaware, la Asociación de Deportistas de Delaware (Delaware State Sportsmen’s Association), la filial estatal de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y el Club de Rifle y Pistola de Bridgeville.

La ley, conocida como Proyecto de Ley de la Cámara 451 (House Bill 451), prohibía a las personas de entre 18 y 20 años comprar o poseer armas de fuego, a excepción de escopetas y armas de avancarga (carga por delante). Sin embargo, exceptuaba de esta restricción a las personas de ese grupo de edad que obtuvieran una licencia para portar armas ocultas.

La abogada del Departamento de Justicia, Kate Aaronson, argumentó que los magistrados debían revocar la decisión del tribunal inferior porque este no dio a la Asamblea General la deferencia requerida bajo el criterio jurídico utilizado para llegar a su fallo.

“Este tribunal ha reconocido reiteradamente que el poder legislativo está mucho mejor capacitado para tomar decisiones normativas, dentro del equilibrio constitucional, sobre la amenaza real que representan las armas de fuego para la seguridad pública y cómo combatir esos riesgos de la mejor forma”, afirmó.

Delaware está argumentando que establecer límites de edad mínima para poseer armas cortas aumenta la seguridad pública, en parte debido a investigaciones que demuestran que el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 25 años y que los adultos jóvenes menores de 21 años son más propensos a hacer un uso indebido de las armas de fuego.

Aaronson señaló que la ley contempla excepciones que demuestran que no se niegan los derechos de la Segunda Enmienda a las personas del grupo de edad de 18 a 20 años; incluyendo permitirles poseer ciertas armas de fuego distintas a las armas cortas, autorizando a los menores de 21 años a usar un arma corta en defensa propia y eximiéndoles de los requisitos de la ley si cuentan con una licencia para portar armas ocultas.

El abogado de la parte contraria, Francis Pileggi, refutó los argumentos de Aaronson, afirmando que la ley era inconstitucional porque niega un derecho fundamental consagrado en la Constitución de Delaware a todo un grupo de ciudadanos respetuosos de la ley.

En sus escritos judiciales, los demandantes criticaron a los demandados estatales y a los defensores del control de armas, refiriéndose a tiroteos masivos perpetrados por jóvenes de 20 años de edad o menos, calificando tales argumentos de “tácticas de intimidación”.

Pileggi también cuestionó la afirmación de que las excepciones contempladas en la ley la hacían constitucionalmente válida.

“Las excepciones no la salvan”, declaró ante el tribunal. “Las excepciones no limpian los vicios de las restricciones, ya que no existe ningún otro derecho fundamental ni natural reconocido por este tribunal o por la Corte Suprema de los EE. UU. para cuyo ejercicio sea necesario solicitar un permiso gubernamental”.

Si bien los demandantes celebraron el fallo de 2025 del Tribunal Superior de Delaware, discreparon respecto al criterio jurídico empleado por dicho tribunal para emitir su decisión. Pileggi solicitó a la Corte Suprema estatal que aplicara la prueba establecida en una sentencia histórica de 2022 de la Corte Suprema de los EE. UU., la cual amplió el alcance de los derechos consagrados en la Segunda Enmienda.

Pileggi argumentó que el criterio adecuado consistía en analizar el texto de la Segunda Enmienda y la historia de la regulación de armas de fuego en el país. Argumentó que el estándar utilizado por el Tribunal Superior, el escrutinio intermedio,  otorga una deferencia excesiva al gobierno.

Durante su réplica, Aaronson afirmó ante los magistrados que, incluso aplicando el criterio basado en el texto y la tradición histórica que defendía la parte contraria, la ley seguiría siendo constitucional.