ICE investiga a 15 empresas de Delaware sospechosas de emplear inmigrantes indocumentados

Las autoridades federales de Delaware y la administración del gobernador Matt Meyer se están enfrentando por una citación de hace cuatro meses del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, para obtener los registros de nómina de 15 empresas sospechosas de “emplear ilegalmente a extranjeros indocumentados”, según muestran los registros del Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

La mayoría de los registros del caso, presentado la semana pasada en Wilmington, tienen sellos de confidencialidad, incluyendo la citación de abril y una declaración jurada de la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Kimberly Caraway. Los registros que se han hecho públicos en el expediente judicial ofrecen una visión general del caso, pero no los nombres de las empresas en la mira del ICE.

ICE ha estado “investigando informes de que varias empresas” han estado violando las leyes de contratación de inmigrantes desde febrero, según una moción presentada la semana pasada por Julianne Murray, fiscal federal interina para Delaware, y la fiscal federal adjunta Claudia Pare.

Según la fecha dada, estas investigaciones arrancaron un mes después de que el presidente Donald Trump comenzara su segundo mandato con la promesa de implementar una ofensiva enérgica y sostenida contra la inmigración ilegal. Redadas y arrestos por parte de los agentes de ICE, y posteriores deportaciones, han ocurrido con frecuencia en todo el país, incluyendo una controvertida iniciativa en Los Ángeles que llevó a Trump a federalizar y desplegar la Guardia Nacional de California y a la Infantería de Marina de EE. UU. en la segunda ciudad más grande del país.

La moción de Murray y Pare buscaba sellar la citación al Departamento Estatal de Trabajo y la declaración jurada de Caraway. La citación solicitaba la presentación de informes salariales del tercer y cuarto trimestre de 2024 para quince empresas de Delaware, identificadas por sus nombres, direcciones y números de expediente, según la moción.

Los fiscales federales escribieron que Caraway explicó en su citación que “los informes salariales pueden ser útiles para la investigación de HSI” porque obtenerlos de forma encubierta a los funcionarios del estado “no alerta a la empresa de que están bajo investigación”.

Si una empresa sospechosa de infringir la ley “se entera de que está siendo investigada, puede tomar medidas para influir negativamente en la investigación, incluida la fabricación de registros y el despido de empleados”, escribieron Murray y Pare.

Murray presidió el Partido Republicano de Delaware hasta el mes pasado, cuando su compañero republicano Trump la nombró directora federal de seguridad pública del estado, al menos por ahora. Murray, excandidata a fiscal general y gobernadora de Delaware, no ha sido nominada formalmente para el cargo, que requiere la confirmación del Senado de Estados Unidos.

Murray se negó a hacer comentarios, a través de un portavoz.

El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Colm Connolly, aceptó la moción de Murray y Pare de mantener bajo secreto la citación y la declaración jurada de Caraway.

Los fiscales quieren que Connolly haga cumplir la citación para los registros de las empresas, pero un abogado del Departamento Estatal de Trabajo le dijo en el tribunal esta semana que el estado la impugnará.

El juez ha ordenado al estado y a la oficina de Murray que presenten argumentos escritos que respalden sus posturas en las próximas dos semanas. Connolly, republicano y ex fiscal federal de Delaware, no ha indicado cuándo emitirá su fallo.

Meyer, un demócrata, emitió una declaración condenando la citación.

“Desde que asumimos el cargo en enero, nuestra administración ha priorizado constantemente la protección de los habitantes de Delaware contra las extralimitaciones federales que socavan nuestros valores fundamentales de justicia, dignidad y confianza comunitaria”, afirmó Meyer.

“La reciente citación federal dirigida al Departamento Estatal de Trabajo es precisamente el tipo de intrusión gubernamental contra la que hemos luchado. Los trabajadores de Delaware merecen que se protejan sus derechos y su privacidad. Delaware seguirá cumpliendo la ley, protegiendo los derechos individuales y promoviendo un estado compasivo e inclusivo para todos los residentes”.

A principios de este año, Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a las “ciudades santuario”, donde la cooperación con las autoridades migratorias federales es limitada. Esta semana, el Departamento de Justicia publicó una lista de jurisdicciones que podrían enfrentar litigios, ya que el Departamento de Justicia trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el país.

Esta lista incluye todo el estado de Delaware y otras localidades cercanas, como Filadelfia y el condado de Baltimore, Maryland.

Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.