ACLU de Delaware insta a los líderes estatales a limitar la cooperación policial con ICE, citando hallazgos derivados de solicitudes de acceso a la información pública (FOIA) e incidentes recientes

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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Delaware insta al gobernador Matt Meyer, a la fiscal general Kathy Jennings y a otros líderes estatales a que establezcan límites estatales sobre la cooperación entre las agencias policiales de Delaware y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En una carta enviada el lunes y firmada por más de dos docenas de organizaciones comunitarias y de defensa de los derechos civiles, la organización solicita dos reformas inmediatas: establecer directrices estatales claras que definan cuándo las fuerzas del orden pueden colaborar con ICE; y directrices que prohíban a las agencias estatales y locales compartir información con las autoridades federales de inmigración a menos que ICE presente una orden judicial válida.

“Necesitamos directrices claras del gobernador, con información de respaldo de la fiscal general, sobre cómo y cuándo las fuerzas del orden de Delaware pueden colaborar, así como reiterar el llamado a que las fuerzas del orden y las agencias estatales de Delaware no compartan información ni datos con ICE a menos que cuenten con una orden judicial válida”, declaró Helen Salita, directora de la campaña de derechos de los inmigrantes de ACLU de Delaware, en la carta.

La organización afirma que su solicitud surge en medio de lo que describe como una escalada en las operaciones de ICE en todo el país, junto con la obtención de registros públicos y varios incidentes ocurridos en Delaware en los últimos dos años que, según argumenta, generan preocupación sobre la interacción de las agencias policiales locales con los funcionarios federales de inmigración.

Salita indicó que la carta plantea, en esencia, una pregunta:

“¿Permitirá Delaware que nuestras fuerzas del orden continúen colaborando con ICE a pesar de su violencia, su conducta ilegal y el hecho de que mienten sistemáticamente al público?”, preguntó Salita. “Porque hemos visto cómo su comportamiento se ha intensificado en todo el país, incluso aquí en Delaware”.

Los registros obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA) generan preocupación.

Salita indicó que la carta emitida por la organización también se basó en registros obtenidos a través de solicitudes de FOIA presentadas ante los departamentos de policía de Laurel, Camden y Seaford.

Añadió que uno de los hallazgos más significativos provino de la policía de Laurel, donde mensajes de texto mostraron que un agente del FBI expresó interés en colaborar con la policía de Laurel y el ICE en relación con los inmigrantes de la zona, antes de que los agentes compartieran direcciones asociadas con inmigrantes haitianos.

“Sabían de antemano que la información que su oficina estaba recopilando sobre estos inmigrantes se compartiría con el ICE para determinar si había inmigrantes en su área que fueran de alta prioridad”, declaró Salita. “(Es) muy evidente que el Departamento de Policía de Laurel está participando en la aplicación de la ley de inmigración civil al proporcionar o colaborar en dicha aplicación, brindando información al FBI, a sabiendas de que se compartiría con ICE”.

Salita afirmó que los registros contradicen las reiteradas declaraciones públicas de las agencias policiales, que afirman no participar en la aplicación de las leyes de inmigración civil.

“Esto contradice la promesa que hemos escuchado una y otra vez de las fuerzas del orden aquí en el estado: que no desean involucrarse en la aplicación de las leyes de inmigración civil o que no es algo que hagan”, dijo. “Esto deja claro que el Departamento de Policía de Laurel estaba bastante dispuesto a colaborar”.

Preocupaciones sobre la transparencia

Salita señaló que la ACLU de Delaware encontró una discrepancia similar después de que Camden firmara un acuerdo 287(g) con ICE en 2025, que es, esencialmente, una asociación formal entre ICE y las fuerzas del orden locales que permite a los agentes locales desempeñar funciones federales de inmigración.

En aquel momento, los funcionarios de Camden afirmaron que el acuerdo se había retirado debido a la oposición de los residentes.

Sin embargo, Salita señaló que los documentos obtenidos posteriormente mediante una solicitud de acceso a la información pública (FOIA) revelaban una historia distinta.

“Le dijeron a ICE: ‘Oigan, queremos poner este acuerdo en pausa. Actualmente hay una iniciativa en el estado para prohibir estos acuerdos y no queremos que esto sirva de argumento para intentar llevarla a cabo'”, comentó. “Así que, incluso en ese caso, no decían: ‘Nuestra comunidad nos ha dicho que no, que no quieren que esto suceda’. Decían: ‘Queremos pausar esto hasta que la situación se calme. Y luego queremos volver a hablar con ustedes sobre la posibilidad de retomar el programa'”.

Afirmó que dichos documentos reforzaban las preocupaciones de la organización en materia de transparencia.

“Lo que nos dicen públicamente, la versión que intentan dar sobre sus acciones o aquello en lo que dicen no estar participando, no coincide con lo que realmente hacen y dicen entre bastidores”, señaló.

Órdenes judiciales frente a órdenes administrativas

Un aspecto central de la petición de ACLU de Delaware es exigir a las fuerzas del orden estatales que verifiquen si ICE cuenta con una orden judicial antes de colaborar en operaciones de control migratorio o compartir información.

A diferencia de las órdenes administrativas, que son emitidas internamente por ICE, las órdenes judiciales son firmadas por un juez una vez que las fuerzas del orden han establecido una justificación legal.

Salita sostuvo que dicha distinción es fundamental para proteger los derechos constitucionales de los residentes de Delaware al debido proceso, consagrados en la Quinta y la Decimocuarta Enmienda.

“Antes de colaborar con ICE o de entregarle información sobre residentes de Delaware, debemos proteger a nuestra gente, ya que el gobierno federal pretende ignorar sus derechos o actuar como si estos no existieran”, afirmó.