Avelo pone fin a sus vuelos para ICE mientras los legisladores de Delaware exigen transparencia a las empresas que se lucran con las deportaciones.

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Avelo Airlines pondrá fin a sus vuelos de deportación el 27 de enero, tras meses de duras críticas y protestas. La noticia llega después de que legisladores de Delaware presentaran recientemente un proyecto de ley que retiraría los incentivos estatales a las empresas que apoyan las masivas operaciones de deportación de inmigrantes a nivel nacional llevadas a cabo bajo la administración del presidente Donald Trump.

La coalición Delaware Stop Avelo se ha reunido en el aeropuerto de Wilmington desde mayo para presionar a la aerolínea de bajo costo a que suspenda los vuelos de deportación. Activistas de otros estados también han organizado protestas contra la colaboración de la aerolínea con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en todo el país.

La gerente de comunicaciones de Avelo, Courtney Goff, declaró en un comunicado que la compañía pondrá fin a su participación en el programa nacional del Departamento de Seguridad Nacional y cerrará su centro de operaciones en Arizona.

“El programa proporcionó beneficios a corto plazo, pero en última instancia no generó suficientes ingresos consistentes y predecibles para superar su complejidad operativa y sus costos”, dijo.

Caritas Kerby, coorganizadora de la Coalición Delaware Stop Avelo, afirmó que cree que el activismo en todo el país fue lo que llevó a Avelo a tomar la decisión de poner fin a su participación en los controvertidos vuelos.

“Creo firmemente que Avelo está cerrando debido a las campañas de presión que se han llevado a cabo en todo el país”, dijo. “Han sido meses y meses de arduo trabajo, noches en vela, reuniones, coordinación con un puñado de organizaciones diferentes, y se siente como una gran victoria”.

Goff niega que Avelo tuviera un contrato con el gobierno federal para realizar vuelos de deportación, a pesar de que la compañía confirmó a varios medios de comunicación en abril que había acordado proporcionar a ICE vuelos para apoyar los “esfuerzos de deportación”.

“Somos conscientes de que este es un tema delicado y complicado”, declaró Andrew Levy, fundador y CEO de Avelo Airlines, en un comunicado publicado por Houston Public Media en abril. “Después de importantes deliberaciones, determinamos que estos vuelos chárter nos proporcionarán la estabilidad necesaria para seguir expandiendo nuestro servicio regular de pasajeros y mantener el empleo de nuestros más de 1,100 miembros de la tripulación durante los próximos años”.

Goff declaró a WHYY News que Avelo era subcontratista de CSI Aviation, que actualmente es el contratista principal de los vuelos de deportación del ICE. Según el registro oficial del gasto del gobierno federal, CSI Aviation ha recibido hasta la fecha más de 560 millones de dólares por los vuelos de deportación del ICE.

Datos de Human Rights First, grupo sin ánimo de lucro que rastrea los vuelos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha demostrado que Avelo realizó vuelos de deportación. El informe del grupo indica que la administración Trump llevó a cabo al menos 11,192 vuelos chárter del ICE de enero a finales de noviembre de 2025, con Avelo operando aproximadamente el 17% de todos los vuelos de noviembre.

“Sí realizamos vuelos para el gobierno, no lo negamos”, dijo Goff en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los proyectos de ley propuestos tienen como objetivo los incentivos económicos de Avelo Airlines

Dos legisladores de Delaware presentaron el mes pasado sendas iniciativas conectadas con la relación de Avelo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La resolución y el proyecto de ley están patrocinados por el senador estatal Ray Seigfried, D–Talleyville, y la representante Mara Gorman, D–Newark. Gorman afirmó que sus electores han estados descontentos con que Avelo se haya estado beneficiando de estos vuelos de deportación. Si bien Avelo no operó estos vuelos desde Delaware, sí lo hizo en otros estados, con un centro de operaciones en Mesa, Arizona.

La Resolución Concurrente 123 del Senado instaría a Delaware River and Bay Authority, que opera el aeropuerto de Wilmington, a prohibir acuerdos o incentivos a negocios que tengan contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que contribuyan a la deportación de personas a las que no se les han permitido las debidas garantías procesales.

El proyecto de ley del Senado 207 eliminaría un incentivo financiero para las aerolíneas comerciales que operan vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que transportan a detenidos que carecen de una orden judicial válida o que no han recibido los derechos al debido proceso correspondientes.

Si bien la redacción del proyecto de ley del Senado es amplia, podría haber potencialmente afectado a la exención del impuesto sobre el combustible para aviones de Avelo e incentivos de marketing de DRBA.

“Tenemos todo el derecho a decidir cómo vamos a proporcionar incentivos financieros a una organización que está violando el debido proceso de una persona”, dijo Siegfried.

En un comunicado, el portavoz de DRBA, James Salmon, declaró que, “si bien DRBA comprende y reconoce las preocupaciones de la comunidad relativas a las actividades de Avelo en otros aeropuertos, dichas actividades están fuera del ámbito de competencia de DRBA”.

DRBA podría llegar a un acuerdo con la segunda contratista de ICE

La legislación propuesta podría impedir o eliminar los incentivos para un posible acuerdo de arrendamiento entre DRBA y Daedalus Aviation Group en el aeropuerto de Wilmington.

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó a la empresa Daedalus, con sede en Virginia, casi 140 millones de dólares para comprar seis aviones Boeing 737 para utilizar en vuelos de deportación. Los altos directivos de Daedalus también dirigen otra compañía separada que tiene un contrato de alrededor de mil millones de dólares para apoyar las “autodeportaciones”. Daedalus no respondió a la solicitud de comentarios.

Gorman afirmó que estos proyectos de ley son necesarios porque los delawarenses deben estar informados sobre las empresas que operan dentro del estado y que podrían estar lucrándose con la deportación de personas indocumentadas a quienes se les ha negado el debido proceso.

“(La resolución) pide a DRBA que revise los contratos existentes y aplique un mayor escrutinio a acuerdos futuros que involucren a compañías que realizan vuelos de deportación de ICE”, dijo Gorman. “Y básicamente dice que si se utiliza dinero público, el público merece transparencia y responsabilidad sobre adónde van esos dólares”.

Miembros de la Coalición Delaware Stop Avelo dijeron que les preocupa que DRBA esté tratando de ocultar un posible acuerdo con Daedalus Aviation debido a su trabajo ayudando a ICE a deportar a personas que no tienen los documentos adecuados para estar en el país.

DRBA es una agencia gubernamental biestatal que posee y opera varios centros de transporte en New Jersey y Delaware. Está dirigido por una junta de comisionados designados por el gobernador de cada estado y se financia con peajes, tarifas de usuario, venta de boletos y transacciones minoristas.

Rebekah Rodríguez, miembro de la coalición, dijo que apoya los esfuerzos de los legisladores.

“Creemos que la legislación es importante para aumentar la transparencia, para tratar de garantizar que no hay ganancias privadas con las deportaciones ilegales de nuestros vecinos y garantizar que nuestras instituciones y representantes rindan cuentas”, dijo.

DRBA retira el tema de la agenda de Daedalus después del escrutinio público y revisa la agenda

Se esperaba que Delaware River and Bay Authority considerara el acuerdo de arrendamiento de Daedalus Aviation en su reunión del 16 de diciembre.

Rodríguez dijo que algunos activistas se presentaron a la reunión para expresar sus preocupaciones después de ver el tema del acuerdo de arrendamiento en la agenda. Dijo que la junta lo retiró rápidamente una vez que comenzó la reunión.

“Los miembros de nuestra comunidad asistieron a esa reunión y fueron el clero local, los padres y los trabajadores asalariados de nuestra comunidad”, dijo. “Cuando DRBA nos vio allí, a pesar de que son una entidad pública y responden a la gente de Delaware, retiraron de repente esa resolución y entraron en sesión ejecutiva”.

WHYY News obtuvo de miembros de la Coalición Delaware Stop Avelo, el listado de la agenda que enumera ese punto del contrato de arrendamiento. Esa agenda ya no está en el sitio web de la agencia de desarrollo económico.

DRBA publicó una agenda revisada donde el punto de la resolución del contrato de arrendamiento ahora analiza los planes de jubilación de los empleados. Salmon no respondió a las preguntas de seguimiento de WHYY News.

Kerby dijo que si bien ella considera que la decisión de Avelo es una victoria, su grupo seguirá presionando a las empresas en el estado para que no hagan negocios con ICE.

“Todavía continuaremos luchando en Delaware”, dijo. “Tenemos más trabajo que hacer, pero estamos celebrando cuán poderosos podemos ser juntos”.

El Departamento de Justicia de Delaware dice que DRBA no está sujeta a las leyes estatales de registros públicos

No está claro si eliminar la agenda original y reemplazarla con otra que elimine la mención del contrato de arrendamiento violaría las leyes de registros abiertos de Delaware.

Eso es porque la agencia bi–estatal no está sujeta a las leyes de “Freedom of Information” (libertad de información) de ninguno de los estados, según una opinión legal de FOIA de Delaware de 2020. Los abogados del DOJ dijeron que la agencia adoptó su propia política FOIA en 1990. Las preguntas a Salmon sobre la legalidad de alterar la agenda de diciembre quedaron sin respuesta.

“DRBA sostiene que no está sujeta a legislación unilateral, ya que la jurisprudencia relevante y el lenguaje del pacto en sí no permiten que DRBA asuma deberes u obligaciones adicionales sin la autorización expresa de ambos estados”, se lee en la opinión del Departamento de Justicia.

Esa decisión legal decía que DRBA podría estar sujeta a las leyes FOIA de cualquiera de los estados al aprobar legislación. Si los estados deciden hacerlo, el proyecto de ley debe contener una declaración directa de que tienen la intención de enmendar el pacto bajo el cual se creó DRBA para que se apliquen esas leyes.

La próxima reunión de Delaware River and Bay Authority está programada para el 21 de enero. Los legisladores de Delaware volverán a reunirse en sesión la próxima semana.