Grupos de asistencia legal de Delaware solicitan $3,2 millones para financiar un programa de prevención de desalojos para personas de bajos ingresos

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Víctor Elbaz, residente de Delaware, comentó que estuvo a punto de ser desalojado de su hogar en el condado de Sussex cuando aplicó con éxito para asistencia legal para personas de bajos ingresos a través del programa estatal Derecho a la Representación. Aseguró que la ayuda evitó que se quedara sin hogar y arruinara su crédito.

“Les estaré eternamente agradecido”, declaró recientemente a los legisladores estatales. “Hay muchos caseros crueles y sin corazón que se aprovechan de los inquilinos sabiendo que no pueden permitirse un abogado. Por favor, mantengan la asistencia legal disponible para inquilinos como yo. No tienen otra opción para pagar un abogado”.

Tres grupos de asistencia legal, Community Legal Aid Society, Inc., Legal Services Corporation of Delaware y Delaware Volunteer Legal Services, gestionan el programa Derecho a Representación. Este programa ofrece asistencia legal gratuita a inquilinos necesitados para que puedan conservar sus viviendas y les ayuda a encontrar recursos que les garanticen la estabilidad en su vivienda. El programa comenzó en noviembre de 2023.

Las organizaciones que ayudan a los residentes de Delaware de bajos ingresos están presentando sus argumentos para obtener fondos ante el comité de redacción presupuestaria de la legislatura estatal. Solicitan $3.2 millones para proveer servicios durante el año fiscal 2027. El presupuesto recomendado por el gobernador Matt Meyer para el año fiscal 2027 también incluye $739,700 adicionales que se destinarían al programa judicial de desvío de desalojos residenciales, lo que eleva el costo total a aproximadamente $3.9 millones.

CLASI maneja los casos de vivienda pública, LSCD se hace cargo de los casos de vivienda privada y DVLS administra el exceso para garantizar una cobertura estatal coordinada.

Según el Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton, que rastrea los desalojos en todo el país, hubo 10,975 solicitudes de desalojo en Delaware durante el año pasado, un 14% menos en comparación con el promedio de solicitudes de 2023 y 2024. La tasa de desalojos del estado se sitúa en el 10%.

Los grupos afirman que antes de 2023, más del 80% de los propietarios estaban representados en casos de vivienda, en comparación con solo el 3% de los inquilinos. Si bien los desalojos entre 2019 y 2025 se redujeron un 40%, la subdirectora de CLASI, Sarah Rhine, afirmó que aún se presentan unos 200 casos de desalojo a la semana en los tribunales. Añadió que cuando una familia es desalojada hay un costo humano más otro adicional para el estado.

“Reconocemos que el desalojo no solo implica la pérdida de la vivienda, sino también la pérdida de estabilidad familiar”, dijo. “Los niños sufren interrupciones en su escolarización. Las personas con necesidades médicas sufren interrupciones en su tratamiento médico”.

Rhine dijo que el programa trabaja con los propietarios para llegar a un plan de pago. Los clientes, que tienen bajos ingresos y dificultades económicas, también son evaluados para ver qué recursos necesitan para mantener la seguridad de la vivienda.

“El dinero es con frecuencia la causa del desalojo, así que queremos asegurarnos de que el propietario reciba su pago de ahora en adelante”, dijo. “Por eso, estamos trabajando con la familia para encontrar diferentes recursos que nos permitan hacerlo”.

La solicitud de presupuesto de $3,2 millones no incluye fondos de liquidación que se destinarían a pagar el alquiler atrasado de los inquilinos u otros gastos para mantenerlos en sus hogares.

El director ejecutivo de Community Legal Aid Society Daniel Atkins dijo que la Autoridad de Vivienda del Estado de Delaware está trabajando para obtener fondos que permitan a las personas conservar sus hogares. Añadió que el condado de New Castle ha aprobado $300,000 y que la ciudad de Wilmington y la Autoridad de Vivienda del estado de Delaware están considerando solicitudes similares.

“Necesitamos que los propietarios paguen”, dijo Atkins. “Los inquilinos necesitan a los propietarios. Necesitamos que se ganen la vida con esto. No queremos echarlos del negocio. Este es un ecosistema delicado, y si se descontrola, no va a funcionar, y necesitamos mantener ese equilibrio”.

Don Farrell arrendador de Wilmington dijo que tuvo una experiencia positiva con el programa y ve sus beneficios para ambas partes.

“Puedo decir honestamente que funciona cuando ambas partes colaboran”, dijo. “Resolví con el inquilino el problema que tuvimos. Sigue siendo mi inquilino y me compensaron. Así que les insto a que sigan apoyando esto”.

Los inquilinos cuentan con la representación de abogados y de Defensores de Inquilinos Cualificados, quienes están capacitados para ayudarlos. Según la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, en 2022 Delaware se convirtió en el primer estado de EE. UU. en permitir la representación de inquilinos residenciales sin abogados en procedimientos de desalojo.

Atkins dijo que el programa actualmente emplea a unos 12 abogados y siete defensores de inquilinos calificados en los tres grupos de asistencia legal.