Inmigrantes se ven obligados a luchar contra la deportación a pesar de arrestos erróneas

     Un arresto en Norristown resulto en que  Ernesto Cruz-García fuese enviado a la corte de inmigración. (Peter Tobia/para NewsWorks)

    Un arresto en Norristown resulto en que Ernesto Cruz-García fuese enviado a la corte de inmigración. (Peter Tobia/para NewsWorks)

    Abogados de inmigracion dicen que la policia de Norristown detuvo ilegalmente a Ernesto Cruz-García en marzo del 2012. Ese incidente inició un proceso de deportación que ha durado, sin resolverse, por más de un año. Los defensores alegan que numerosos inmigrantes están teniendo experiencias similares en todo el pais, cuando agentes de Inmigración trabajan en colaboracion con las autoridades policiales locales.

    La segunda parte de una serie en dos partes [Read this article in English.]

    Ernesto Cruz-Garcia espera pacientemente dentro de su vieja camioneta azul en el tráfico de Center City. Su cara muestra alivio. Acaba de recibir un indulto en una audiencia en la corte, lo que le asegura que podrá quedarse unos meses más en los Estados Unidos.

    Está en camino de llevar la noticia a la oficina que supervisa su paradero mientras pelea su deportación a Mexico.

    “Verás muchos Mexicanos ahí,” predice Cruz-Garcia. El se ha presentado regularmente a ésta sala con posters de paisajes Americanos en las paredes, desde que fué arrestado por la policía de Norristown la primavera pasada.

    De acuerdo a la familia de Cruz-Garcia, los policías llegaron al frente de su casa en seis vehículos oficiales la noche del 30 de Marzo del 2012. Apuntaron sus pistolas a el y sus tres niños pequeños, que estaban frente a casa dándole de comer a su perro.

    “Mi hija trataba de preguntarles en inglés que es lo que estaba sucediendo,” recuerda Cruz-Garcia, “y ellos me decían que me callara la boca.” El hijo menor de cinco años de Cruz-Garcia estaba tan asustado, que se desmayó.

    Lo que la policía no le quiso decir a Cruz-Garcia era la razón por la cual ellos se encontraban ahí. No le presentaron una órden de arresto, ni siquiera cuando su hijo de trece años se los exigió.

    Desde éste momento, Cruz-Garcia fué arrojado hacia de un drama que duró más de año y medio requerdo un procedimiento poco conocido en nuestro sistema legal. Más y más inmigrantes están teniendo experiencias similares, mientras que los oficiales de inmigración colaboran de manera más cercana con departamentos de policía a nivel local por todo el país.

    Lo más importante de éstos esfuerzos es el programa controversial llamado Comunidades Seguras, el cual envía la información sobre personas arrestadas a nivel local a “Immigration and Customs Enforcement/ICE.” Se supone que el programa le ayuda a ICE a encontrar personas que ya busca para asegurarse de que no sean puestas en libertad, pero en el caso de Norristown, ésta colaboración puede tomar muchas otras formas diferentes.

    WHYY/NewsWorks obtuvo reportes policíacos que muestran que un agente de Immigration and Customs Enforcement (ICE) le había pasado información a un policía de que un miembro de una pandilla estaba aparentemente vendiendo drogas desde la casa de Cruz-Garcia. Pero la policía confirmó no haber encontrado drogas, y lo pusieron al teléfono con un agente de inmigración. Después de colgar la llamada, los policías dijeron que arrestaron a Cruz-Garcia porque ICE se los pidió.

    “No me habían dicho nada,” recuerda Cruz-Garcia. “Yo no sabía porqué me habían arrestado, o nada.”

    Abogados de inmigración y de derechos civiles le dijeron a WHYY/NewsWorks que la policía de Norristown nunca debió haber arrestado a Cruz-Garcia.

    La policía local de Norristown no puede arrestar a nadie por violar la ley federal de inmigración. Este sistema de leyes se ha mantenido, en parte, para ayudar a los inmigrantes a que reporten crímenes y colaboren con la policía.

    La agencia de inmigración dice que los detalles del reporte del arresto en Norristown no siguieron sus procedimientos. A principios de éste año, WHYY/NewsWorks le presentó éste escenario por teléfono a un ex-portavoz de ICE, Ross Feinstein, y al jefe de Operaciones de Aplicación de Leyes y Deportaciones de ICE (ERO), Thomas Decker. Aquí están los detalles de aquél intercambio:

    Feinstein: Eso no me suena correcto. Tom?

    Decker: No, éso es algo que nosotros [ICE] no haríamos, no.

    Feinstein: Si, porque ellos no están autorizados para éso. La policía a nivel local no se encarga de inmigración – nosotros no le estamos pidiendo a la policía local a que haga cumplir las leyes migratorias.

    Once meses después de la primera vez que le pedimos a ICE la razón por la cual Cruz-Garcia había sido arrestado, la agencia nos presentó una nueva explicación que contradice al reporte policíaco. La semana pasada la agencia nos dijo que la policía de Norristown le dijo a ICE que planeaban arrestar al Hispano-parlante Cruz-Garcia por mentirle a los oficiales de policía, quienes, de segun todos loes reportes, sólo hablaban inglés.

    El informe de la policía de Norristown no dice nada sobre Cruz-Garcia mintiéndoles. El jefe de policía recién jubilado de Norristown dice que el arresto no le pareció nada extraño. Por su parte, la municipalidad no quiso decir nada sobre los últimos comentarios de ICE.

    WHYY/NewsWorks le pidió a abogados a que revisen los documentos de ambas agencias desde el momento en que parecía que la policía estaría arrestando a alguien por razones de inmigración, aunque no estarín autorizados para hacerlo.

    Si Cruz-Garcia hubiera sido culpado por un crímen, y si hubiera tenido que presentarse en una corte criminal, los oficiales de policía hubieran tenido que explicar sus acciones y Cruz-Garcia debería tener el derecho de ser representado por un defensor público.

    Pero al contrario, Cruz-Garcia fué llevado directamente a una corte de inmigración.

    Casos de pena de muerte en una corte para infracciones de tráfico

    La abogada de inmigración y profesora de ley de Villanova University, Caitlin Barry, explica que las cortes de inmigración son cortes civiles.

    “Te ponen en otro sistema donde ya no tienes el derecho a la defensa legal, o a mantener tu silencio; es más, si no dices nada, tu silencio puede ser utilizado en contra tuyo,” ella explicó.

    Los acusados pueden terminar siendo exiliados lejos de sus familias y de sus fuentes de trabajo, pero son garantizados pocas protecciones, dice Barry. No existen abogados que puedan ser requeridos por las cortes, y pagar por cuenta propia resulta prohibitivo para muchas familias. Los más recientes datos demuestran que casi de la mitad de los acusados se representan a sí mismos. A su vez, las cortes civiles aceptan evidencia que las cortes criminales no aceptarían.

    Pero no sólo son los abogados los únicos que argumentan que el sistema sufre de serias faltas. El Presidente de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios, Dana Marks, está también de acuerdo.

    “Parece que estamos procesando casos de pena de muerte en una corte para infracciones de tráfico. Especialmente las personas que están buscando asilo corren grandes riesgos, y los recursos que tenemos disponibles para aquéllos casos se parecen más a los de una corte de infracciones de tráfico que de cualquier otra corte en el país,” dijo Marks.

    En los años 1980, la Corte Suprema Federal dijo que violaciones verdaderamente “flagrantes” por parte de la policía podrían motivar a que un caso dentro de la corte de inmigración se anule. Recientemente, más abogados han argumentado que los casos que representan caben dentro de ésta definición.

    En Filadelphia, se han visto resultados mixtos. La abogada Barry y otros dicen que ICE típicamente le da cierre administrativo a los casos de deportación los que han desafiado. Esto ofrece algo de seguridad para los acusados (aunque ICE podría en un futuro reabrir los casos). Sin embargo, como Barry indica, “No hay audiencia. No hay testimonio. La policía nunca tiene que venir y ser testigo de lo que sucedió y no existen absolutamente ningunas consecuencias para los policías que trataron a la persona de cierta manera.”

    Midiendo el costo de hacer cambios

    Jan Ting, un ex-asistente al comisionado de la agencia que le precede a ICE, el Servicio de Inmigración y Naturalización, dice que las cortes de inmigración no fueron creadas para responder a tales preguntas. Su único gol es el de decidir quien debe ser deportado.

    Las cortes de inmigración ya tienen gran cantidad de casos acumulados que están esperando audiencia, incluyendo a casi 5.000 casos pendientes en Filadelphia. Cada uno puede tomar entre dos a cinco años para resolverse.

    “La principal razón para dejar al sistema tal y como está es por su costo,” sugiere Ting. “Al decir que vamos a seguir procedimientos de derecho a una audiencia para cualquier acusado criminal, se prolongaría el juicio.”

    El abogado de inmigración David Bennion se preocupa de que la policía no ve consecuencias por arrestar a personas a quienes no culpan de un crímen, o de alguna falta de conducta, y por ello se sentirian libres de tratar a toda clase de personas con mayor agresividad.

    “Eso le dará la luz verde a departamentos de policía locales y a ICE,” argumentó Bennion. En sus esfuerzos de que haya mayor seguridad en las comunidades, “usan cualquier pretexto para enfocarse en personas que ellos creen que están indocumentadas, para luego deportarlas, porque están bajo la impresión de que éso hará aún más seguras a sus comunidades.”

    El acusado en la corte de inmigración, Ernesto Cruz-Garcia, cree que la manera en que la policía lo trató hace que Norristown sea menos seguro.

    En español, el explicó, “[Si] alguien está entrando sin autorización, o si comete un robo en la calle, o si alguien está en medio de una pelea o algo así, se supone que uno debería llamar a la policía, pero aquí no lo hacemos. Nadie va a llamarlos porque le tienen miedo por razones de inmigración. Y eso no es justo.”

    A pesar de como Cruz-Garcia se siente con respecto a los derechos de los inmigrantes, en la corte de inmigración, su abogado argumentó que el correría peligro de ser deportado a su pueblo en Mexico, un lugar que se ha puesto muy peligroso. Las circunstancias de su arresto nunca llegarán a la corte. La prioridad mayor de Cruz-Garcia es quedarse con su familia y poder apoyarla. El usará el mejor argumento para que éso suceda. Regresará a la corte el mes que viene.

    Esta historia fué reportada conjuntamente con The Investigative Fund of The Nation Institute, con apoyo adicional del Fund for Investigative Journalism.

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