El estudio está ayudando a dar forma al plan de Wilmington para reemplazar las viejas tuberías.
2 months ago
Archivo - Wilmington, Delaware (Kimberly Paynter/WHYY)
Los miembros del Ayuntamiento de Wilmington están pidiendo a los legisladores estatales que aprueben una legislación que les permite reunirse a puerta cerrada, al margen de la ley de reuniones abiertas de Delaware. Opositores argumentan que se necesita más transparencia, no menos.
La ley de Delaware requiere que los organismos públicos, incluidos ayuntamientos y consejos del condado, y las juntas escolares, lleven a cabo sus actividades de forma transparente para que el público pueda observar el debate de los asuntos de la agenda y las votaciones, y hacer comentarios. Las agendas deben publicarse con al menos siete días de antelación. Sin embargo, la ley también permite que las entidades se reúnan en sesión ejecutiva, donde pueden debatir ciertos temas.
El concejal de la ciudad de Wilmington, Coby Owens, patrocinó una resolución solicitando a los legisladores la aprobación de un proyecto de ley que permita al consejo reunirse en asambleas electorales, como lo hacen los miembros de la Asamblea General bajo la Ley de Libertad de Información estatal. Los legisladores estatales son los únicos permitidos actualmente a hacerlo. Los republicanos y los demócratas de cada cámara tienen sus propias asambleas electorales, respectivamente, donde pueden debatir legislación y contar votos sin que se considere un registro público.
Según la ley estatal de reuniones abiertas, los organismos públicos pueden reunirse en privado para tratar diversos temas, tales como litigios, personal y transacciones inmobiliarias. Owens expresó su deseo de que el consejo pueda reunirse en grupo para tratar temas ajenos a las exenciones de la Ley de Libertad de Información (FOIA), como las reevaluaciones del impuesto de propiedad. Añadió que el Ayuntamiento de Wilmington también continuará reuniéndose en público.
“Actualmente, está muy restringido hablar de diferentes temas sin tener que celebrar una reunión pública”, dijo. “Esto simplemente nos da la oportunidad de reunirnos y hablar sobre algunos temas, de forma muy similar a como funciona la Asamblea General”.
La resolución contó con el patrocinio conjunto de 12 de los 13 miembros del Ayuntamiento. Un portavoz del alcalde de Wilmington, John Carney, declaró no tener comentarios al respecto.
El concejal Chris Johnson afirmó que el consejo no puede debatir eficazmente políticas como vivienda y delincuencia porque debe hacerse en público. Según la ley de Delaware, dos concejales de un mismo comité pueden hablar a solas. En el caso del Ayuntamiento en pleno, seis miembros pueden reunirse en la misma sala en privado sin participar en una sesión ejecutiva ilegal.
“No estamos haciendo acuerdos secretos”, dijo Johnson durante la reunión del Ayuntamiento. “Solo necesitamos una forma de poder debatir políticas”.
John Flaherty, miembro de la junta directiva de la Coalición de Delaware para un Gobierno Abierto (Delaware Coalition for Open Government) y residente de Wilmington, dijo que los delawarenses necesitan una mayor transparencia en el gobierno.
“No veo razón por la que tienen que hablar de políticas en secreto”, dijo. “Hay muchas oportunidades en las que pueden tener una reunión en secreto. No necesitan más”.
No está claro qué tipo de apoyo tendrían los líderes estatales en Dover para tal propuesta.
Owens afirmó haber informado a los legisladores de Wilmington sobre la resolución y que estaba planeando contactarlos para discutir la propuesta. Un portavoz del Senado estatal indicó que los senadores que representan a Wilmington declinaron hacer comentarios sobre la resolución.
Ningún miembro de la Cámara de Representantes comentó sobre la resolución para esta publicación. Un portavoz del gobernador Matt Meyer afirmó que no opinaría sobre un asunto que sigue siendo hipotético.
Si Meyer promulgara como ley dicha exención, otros organismos públicos podrían intentar implementarla. El concejal general de la ciudad de Wilmington, James Spadola, republicano, afirmó durante el debate sobre la resolución que creía que todas las ciudades deberían poder reunirse en secreto al margen de las exenciones de FOIA.
“Debería acordarse que los municipios tuvieran los mismos privilegios que el estado. Ni siquiera privilegios, sino consistencia”, dijo durante la reunión del Ayuntamiento. “Lo que sea que esté haciendo el estado, los demás municipios deberían tener la misma prerrogativa”.
Spadola copatrocinó la resolución, pero no estaba claro si podría reunirse con el resto del consejo, compuesto en su totalidad por demócratas. No respondió a una solicitud de comentarios.
Las juntas escolares también podrían solicitar una exención a las reuniones para evitar ciertas discusiones en público. Un miembro de la junta escolar de Christina argumentó que cuatro miembros de la junta estaban “reuniéndose” durante su reunión de mayo de 2024, impugnando una decisión del Departamento de Justicia de Delaware que declaraba habían participado en una sesión ejecutiva ilegal.
Flaherty dijo que estaba de acuerdo con Spadola en que el estado tiene un sistema de dos niveles donde la ley permite a la legislatura ser menos transparente que otros organismos públicos.
“No creo que la solución a esa preocupación sea aumentar el nivel de secretismo”, dijo. “Diría que planteó una muy buena idea, pero no creo que su solución sea de interés público”.
Delaware no es conocido por sus altos niveles de transparencia gubernamental ni por sus fuertes medidas anticorrupción. Hace diez años, Delaware obtuvo una “F” en transparencia y ética gubernamental. Desde entonces, no ha mejorado mucho, con recientes escándalos relacionados con encubrimientos gubernamentales de fondos públicos desviados, violaciones de la financiación de campañas y viajes a conferencias financiados por grupos de presión no declarados. Delaware obtuvo una puntuación de 44 sobre 100 en 2020 en el índice de la Coalición para la Integridad (Coalition for Integrity) por sus regulaciones anticorrupción. El estado de Washington obtuvo la puntuación más alta, con 80.
El gobernador Meyer ha respaldado la creación de una Oficina del Inspector General para investigar el despilfarro, el fraude y el abuso. La senadora estatal Laura Sturgeon ha vuelto a patrocinar el proyecto de ley en esta sesión, tras su rechazo en comisión el año pasado.
Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.